Guardavidas obligatorios en piletas de consorcios: una ley reaviva el debate por las expensas

Una normativa vigente en la provincia de Buenos Aires volvió a generar debate entre administradores, consorcios y vecinos de edificios y barrios cerrados. Se trata de la Ley Provincial 14.798, que establece la obligatoriedad de contar con servicio de guardavidas en los denominados “ambientes acuáticos” de uso común, una exigencia que podría impactar de manera significativa en las expensas y los costos de mantenimiento.

Qué dice la ley

La legislación contempla una excepción únicamente para las piscinas ubicadas en viviendas particulares destinadas al uso familiar exclusivo. Sin embargo, cuando la pileta pertenece a un consorcio, edificio, country, barrio cerrado o complejo habitacional, pasa a ser considerada de uso común y queda alcanzada por la normativa.

Según advierten administradores de consorcios, la ley no establece diferencias en función del tamaño, la profundidad o la capacidad de las instalaciones. De esta manera, una pequeña pileta ubicada en la terraza de un edificio podría quedar sujeta a las mismas obligaciones que un natatorio de gran escala.

Los costos que preocupan

Entre los requisitos previstos se encuentra la contratación de guardavidas habilitados durante la temporada, con jornadas laborales específicas y equipamiento de seguridad obligatorio. Además de los salarios, los responsables de las instalaciones deben afrontar:

• aportes previsionales;
• indumentaria reglamentaria;
• elementos de emergencia como botiquines, tablas espinales y desfibriladores.

Desde distintas cámaras de administradores sostienen que el costo de cumplir con la normativa puede resultar difícil de afrontar para muchos edificios y complejos residenciales. Según afirman, en algunos casos el gasto asociado a la contratación de guardavidas podría equipararse o incluso superar otros costos habituales del consorcio.

Piletas cerradas para evitar el gasto

Como consecuencia, varios administradores aseguran que algunos propietarios prefieren mantener cerradas las piletas para evitar asumir los gastos adicionales. También señalan que existe preocupación por las posibles responsabilidades civiles y penales que podrían derivarse de un accidente ocurrido en instalaciones que no cumplan con los requisitos exigidos por la ley.

La discusión se reavivó en los últimos días luego de que distintos medios y dirigentes políticos pusieran el foco sobre la aplicación de la normativa. Mientras algunos sectores consideran que la medida busca garantizar mayores condiciones de seguridad para los usuarios, otros cuestionan la falta de criterios diferenciados según las características de cada pileta y reclaman una revisión que contemple la realidad económica de los consorcios.

Una decisión que conviene transparentar

El debate promete intensificarse de cara a la próxima temporada de verano, cuando miles de edificios y countries de la provincia deban definir si avanzan con las contrataciones exigidas por la ley o buscan alternativas para evitar un incremento en las expensas de los vecinos.

Sea cual sea la definición, es una decisión que afecta a todos los vecinos y conviene que quede registrada con claridad. En SiDomus, este tipo de temas se puede llevar a una votación del consorcio, comunicar a través de un canal ordenado y dejar asentado el resultado, en lugar de definirse “en el ascensor” o en un grupo de WhatsApp. Cuando el impacto en la expensa está a la vista y la decisión es compartida, los conflictos bajan solos.